Por motivos equivocados

La nueva ley de educación está removiendo gran parte de la comunidad educativa, de forma un tanto fiera, pero, a mi juicio por motivos equivocados. Ni la ley habla de cerrar los colegios de educación especial (como si les hubiera importando alguna vez, alguno llevaba incluso su cierre en el último programa electoral y ahora son su paladín), ni se deja de ofertar la asignatura de religión (una catequesis comodísima que pagamos entre todos en horario escolar), ni hace con el castellano algo que no estuviera ya antes de la ley Wert, ni ataca a la libertad de nadie por querer acabar con los colegios concertados, para empezar porque no quieren acabar, todo lo contrario, con los colegios concertados. Y, que no se olvide, no es libertad lo que se ejerce cuando se elige un colegio concertado. La libertad es otra cosa.

La educación concertada en España es un fenómeno bastante más complejo de lo que un meme o unas consignas resumen. No son todos colegios para pijos, ni siquiera son todos religiosos. Hay centros, alguno habrá, que acoja inmigrantes, que se preocupe por los más desfavorecidos y que tenga un ideario liberal y democrático. De todas formas no son la mayoría. La mayoría tienen un sesgo bastante definido. Suelen pertenecer a congregaciones religiosas que negocian su concierto, no centro a centro, sino en conjunto, lo que hace muy difícil que se eliminen líneas porque ponen en riesgo el concierto mismo.

No hay, sin embargo, colegios que ofrezcan un concierto de ideas ateas o anarquistas, por ejemplo. Y no es de extrañar, esto es un negocio, una empresa privada que requiere una inversión muy importante, de la que si pueden afrontar grupos más cercanos a los idearios de la derecha, bien conservadora o bien liberal. Si yo quisiera llevar a mis hijos a un colegio de mi perfil ideológico, no podría. Sin embargo, hay de sobra para los que se pasen de beatos. ¿Qué clase de libertad de elección es esa?

En realidad, los padres que desean un centro educativo con un determinado sesgo, con unos valores, como dicen ellos, no quieren libertad, ni una enseñanza libre de adoctrinamiento. Lo que ansían es una escuela que adoctrine en sus propios valores. Una libertad de adoctrinamiento para con los suyos y así perpetuarse en su ideología. En un centro público hay profesores de todas las ideologías, y procuramos que no se traslade eso a nuestras clases de matemáticas, ciencias naturales o historia. Sí que nos comprometemos a transmitir el mandato constitucional de educar en los valores de “respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Si eso es adoctrinamiento en el relativismo, tendremos que reformar la constitución.

Mucha gente desconfía de los funcionarios en el sentido de verlos como instrumentos de transmisión de las ideas de los gobiernos, sean de un signo o de otro. Y precisamente es lo contrario. La creación del funcionariado protege de veleidades políticas por la estabilidad en el puesto de trabajo, los pone a salvo de purgas políticas. Sin embargo, en un colegio privado, además de cuestiones de eficiencia laboral, pueden apartarse a los profesores por motivos ideológicos. Como estar divorciado para colegios integristas católicos, o protagonizar un affaire sexual que salga a la luz. El cliente manda.

Todas estas razones apuntan a cuestionar el propio concepto, no ya de concertado, sino de enseñanza privada, pero no perdamos de vista la ley de la que hablamos. No se habla para nada de esto, al contrario, los representantes del gobierno y del PSOE insisten en que no van en contra de la privada.

Uno puede entender la privada de varias maneras distintas. Una puede basarse en la precariedad del sistema público, que necesita completar su oferta ante la imposibilidad de abarcar todos los alumnos o todas las zonas. La enseñanza concertada vendría a ser un complemento de la pública allá donde no llega esta última. En el extremo opuesto está la consideración ideológica de que la empresa privada es siempre mejor, más eficiente y preferible moralmente a lo público, siempre mal gestionado y manipulado. En esta perspectiva, lo público se ocuparía únicamente de todo lo que no pueda ser susceptible de convertirse en negocio. La propuesta que existe en Estados Unidos, del cheque escolar va en ese sentido. La pública sería meramente asistencial, para los que no puedan pagarse otra mejor.

No creo que la dirección del PSOE vaya por ahí. Creo que sinceramente, es una cuestión de abaratamiento de costes, de externalización de funciones. La enseñanza concertada se financia con una dotación menor por alumno. ¿Cómo puede ser un negocio si sale más barato que una enseñanza estatal? Eso explica las “cuotas voluntarias”, y, sobre todo, la precarización de los trabajadores. Una de las cantinelas de Vox ha sido contra la duplicación de administraciones, esas agencias estatales o autonómicas que realizan una función que ya realizan funcionarios, pero que pueden contratar a personal laboral con condiciones mucho peores que los funcionarios, y, sobre todo, mucho más baratos. Es otra más de sus inconsistencias. Para todo quieren quitar las duplicaciones, menos para la educación. Ahí, doble vía, la pública y la concertada.

También supongo que hay algo personal en las decisiones, porque pocos cargos políticos del PSOE han tenido a sus hijos en la pública, casi todos en la concertada, como la propia ministra. Otra cuestión imprescindible es preguntarnos qué es lo que ofrece la concertada que no pueda hacerlo la pública. Podemos burlarnos un poco de esa pretensión del quiero-y-no-puedo pero no olvidar que es un proceso de más calado y con más matices.