Hace un mes que me hice eco de
una noticia preocupante. Al parecer unos padres habían llevado al juzgado a un
profesor por poner a los alumnos el vídeo de Ana Orantes en el contexto de la
lucha contra la violencia machista. Como suele ser habitual en estos casos, se
conoce el inicio de la noticia, pero apenas si se sabe algo del desarrollo y de
cómo acaban las cosas. Me entero de que el juez ha citado al profesor como
testigo y un mes después aparecen más noticias que parecen sugerir que la
historia va por otros derroteros. El problema es que el secreto de sumario no
permite acabar con las dudas. Por lo que ahora se dice, la cuestión no era una
denuncia contra el profesor, sino que la alumna se había sentido identificada
con el testimonio de Ana Orantes, por lo que el juez estaba investigando un
caso de violencia de género, no una intromisión del Instituto en la educación
de unos hijos. (Aquí
y aquí)
Hubiera
estado bien que los medios se hubieran informado correctamente y que el
juzgado, la familia o el centro educativo especificaran cuáles eran los
derroteros que tomaba la investigación. De todas formas, la indignación que me
produjo saber que se empezaba a optar por la vía judicial estaba, por ahora,
fuera de lugar. Es de rigor utilizar el mismo medio, este blog, para dar cuenta
de lo que, hasta ahora, sé del caso.
La
cuestión hubiera quedado en una retractación si no fuera porque se ha hecho un
uso muy politizado del asunto. Todos los grupos políticos, incluido el titular
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía parecían alarmarse del
caso, excepto Vox, que aplaudía la valentía de unos padres que se enfrentaban a
la dictadura progre. No les he escuchado tampoco a ellos rectificar el aplauso.
Al contrario, han conseguido en Murcia y probablemente en Andalucía dentro de
poco, que se ponga en marcha la Censura Parental.
Con
esta propuesta casi todo lo que decía en aquella carta abierta puede ser tenido
en cuenta para oponerse a esta barbaridad. En pocos días las redes y los medios
tradicionales se han llenado de argumentos a favor y en contra. Muchos
tergiversan las declaraciones y los argumentos, como las palabras de la
ministra, para pedir que el Estado saque las manos de la educación de las
familias.
Es
curioso porque en Facebook he colgado una declaración, sin acreditar, pidiendo
que el Estado no se convierta en educador, y se limite a poner planes de
estudio y pagar profesores
Eso de
"educación popular a cargo del Estado" es absolutamente inadmisible.
¡Una cosa es determinar, por medio de una ley general, los recursos de las
escuelas públicas, las condiciones de capacidad del personal docente, las
materias de enseñanza, etc., y, como se hace en los Estados Unidos, velar por
el cumplimiento de estas prescripciones legales mediante inspectores del
Estado, y otra cosa completamente distinta es nombrar al Estado educador del
pueblo! Lo que hay que hacer es más bien substraer la escuela a toda influencia
por parte del gobierno.
Tengo
que reconocer que he hecho trampas y he borrado “y de la iglesia” al final de
la cita. Tengo muchos likes en la
publicación, y lo curioso es que provienen principalmente de personas que son
declaradamente conservadoras y muy cercanas a Vox.
Lo
gracioso del caso es que son palabras de Karl Marx en la crítica al programa de
Gotha. No sabía que se podía tener una vela a Marx y otra a Abascal. La
política hace extraños compañeros de cama.
Después
de leer mucho y de discutir en varios muros creo que no puedo aportar mucho a
la discusión. Para mí que está viciada desde el inicio y que, desgraciadamente,
la ha ganado la derecha. La ha ganado porque ha vuelto a poner en tela de
juicio a los profesores de la pública y ha encontrado eco. Nos supone,
sibilinamente, agentes del mal interesados en manipular a los niños en nuestro
beneficio ideológico. Manipular para que la homosexualidad no sea considerada
una aberración, para que el reciclaje y el cuidado del planeta sean contrarios
a la moral, o para que la solidaridad con los desfavorecidos sea carne de
comunismo.
Personas
decentes hubieran planteado la cuestión de la neutralidad y la beligerancia en
la escuela y el debate hubiera sido muy enriquecedor. Cuando empecé en este
oficio estaba iniciándose la llamada “educación en valores”. No “de valores”,
sino “en valores”. Éramos conscientes, de la mano de mi hermano Manolo Gotor, y
mis admiradas Lina Rodríguez o Carmen Lampaya, de que transmitíamos valores
quisiéramos o no. Así que debíamos plantearnos cómo hacerlo con respeto.
Tuvimos la inmensa suerte de escuchar a algunos autores muy interesantes (como
lo era en aquellos entonces José Antonio Marina, o la siempre enorme Amelia
Valcárcel), y para lo que nos ocupa, Jaume Trilla. En su libro, El
profesor y los valores controvertidos. Neutralidad y beligerancia en la
educación, aportaba alguna luz sobre este espinoso asunto.
La
respuesta, evidentemente, es depende.
Pero Jaume Trilla especificaba criterios para el depende. Por ejemplo, para los valores propios de los Derechos
Humanos, siempre había que estar a favor, implicarse en su defensa (aunque
pudiéramos ejercer de abogados del diablo siempre tenía que quedar clara
nuestra defensa). Los antivalores, la xenofobia, el racismo, el machismo
siempre quedaban condenados. Siempre en contra. Y el resto, como los asuntos
políticos, los toros, el aborto… tenían criterios más específicos, como la edad
de los alumnos, el grado de dependencia sobre el profesor, si el tema surgía a
petición de los alumnos… En general se opta por una neutralidad que permita la
discusión enriquecedora de puntos de vista, ver los pros y contras y que el
alumno pueda tener su propio criterio.
El
objetivo de las leyes educativas, de todas las leyes, es la formación de
ciudadanos, y para eso no sólo hacen falta conocimientos de matemáticas o de
ciencias naturales, también hay valores, como la honestidad o la
responsabilidad. Una sociedad siempre tiene que transmitir esos valores y lo
hace en todos los ámbitos. Una sociedad democrática elige esos valores y los
traduce en leyes (recordemos que las leyes vigentes las aprobó el PP). No
podemos escandalizarnos de que las instituciones públicas defiendan
determinados valores que están en las leyes. Más todavía si esos valores
pretenden mejorar la convivencia y el respeto entre los seres humanos.
Muchos
han alertado de los peligros de una educación en burbujas ideológicas. Algunos
han enumerado los peligros ya existentes de grupos radicalmente situados. Otros
lo llevan al absurdo, y se podría, si los padres decidieran ideas morales
peregrinas. De hecho, hay muchos que no los llevan al colegio durante la etapa
obligatoria. Lo que debemos tener claro es que los contenidos están
especificados por ley y las actividades complementarias, como no podía ser de
otra manera, están aprobadas por el Consejo Escolar, donde los padres son
mayoría.
Familias hay
muchas, y seguro que hay quienes ya en su casa ven a Otegui como un tipo
estupendo, que ven a los etarras como héroes. Seguro que hay otras en las que
se fomenta el odio a cualquiera (hombres, mujeres) o que estén en una secta en
las que las relaciones con menores sean alentadas. El veto parental impediría a
esos chicos y chicas darse cuenta de que hay otras maneras de ver el mundo.
Siempre
defenderé la educación pública, entre otras cosas, porque ahí se encuentran
todo tipo de personas como alumnos y también como profesores. Lo irónico, y por
eso digo que han ganado la batalla, es que los centros en los que no se permite
diversidad ideológica (privados y concertados) se convierten en adalides de la
libertad. Pretender educar a los hijos a través de unas ideas evitando que
conozcan cualquier otra es adoctrinar. Defender el adoctrinamiento es canalla.
Nuestros
hijos no se merecen tan poco respeto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario